EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
La corrupción esquilma al Estado y a la sociedad anualmente con cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a más de 150 mil millones de pesos, una suma superior al presupuesto de Salud, pero la gran desgracia que representa ese flagelo es que hace tiempo se incrustó en el tuétano social.
Me imagino que la mayoría de mis lectores tildan de exagerada esa cifra, pero tengan en cuenta que 30 años atrás el daño fue estimado en RD$30 mil millones, cuando el PIB real ascendía a US$21 mil millones, lo que al día de hoy sobrepasa los 120 mil millones de dólares.
Duele decirlo, pero la prevaricación se aloja en todos los estamentos y huecos del quehacer nacional, en instituciones cívicas, religiosas, castrenses, deportivas, académicas y policiales, por lo que se define como la industria más lucrativa del ensamblaje económico nacional.
La situación se agrava con la irrupción del narcotráfico que ha infectado infectar instituciones vitales del gobierno y del Estado, aun cuando se admite que las autoridades realizan ingentes esfuerzos par “desgarrapatizar” a las instituciones públicas.
En contraste con muchos años atrás cuando corruptos y corruptores sufrían del escarnio de la población por su enriquecimiento ilícito, hoy se abren de par en par las puertas de los privilegios económicos, políticos y sociales a personas físicas y jurídicas de notable comportamiento delincuencial.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, y la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, deberían saber que falta aún un enorme trecho para que el Orden Judicial y el Ministerio Publico cumplan cabalmente con su misión de lanceros contra toda forma de corrupción y cohecho.
Durante muchos años, el Estado ha sido depredado por funcionarios corruptos y empresarios cómplices en la conculcación de extensos predios de vocación inmobiliaria, turística y agropecuaria, la dislocación del mercado interno con prácticas desleales de comercio y empresarial, como monopolio, oligopolio, evasión y contrabando.
Los escándalos del Senasa y del Centro Oncológico de Santiago se presentan como muy dolorosos ejemplos de una epidemia ética y moral, que ha contagiado hasta los servicios de salud, pero también al movimiento olímpico a través de varias federaciones y asociaciones deportivas. No se exagera si se afirma que la metástasis de ese cáncer se extiende por todo el tejido social.
La corrupción se combate en tres frentes: Educación, justicia y prevención, pero ningún remedio serviría para detener ese mal, sin la resuelta voluntad política del Estado, gobierno, liderazgo político, gremios empresariales y sociedad toda.
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