El autor es comunicador. Reside en Nueva York
POR LUIS M. GUZMAN
Desde el caso del Banco Agrícola, lo que emerge no es solo una disputa entre oficialismo y oposición, sino una señal clara de fragilidad institucional. Cuando las denuncias políticas se sostienen sobre informes técnicos, auditorías y números verificables, el debate deja de ser retórico. El problema ya no es quién acusa, sino qué tan expuesto está el Estado cuando sus propias entidades operan sin controles efectivos y sin consecuencias visibles.
El Banco Agrícola ilustra cómo una institución creada para el desarrollo productivo puede convertirse en zona gris del poder. Cartera deteriorada, déficit operativo, préstamos fuera de mandato y ausencia de provisiones no describen un error puntual, sino un modelo de tolerancia al riesgo sin respaldo, donde las pérdidas se difieren y el costo real se traslada al futuro y al contribuyente.
La defensa institucional suele apoyarse en una narrativa conocida, “todo está bajo control”. Sin embargo, no provisionar durante años no es una decisión neutra; es una omisión deliberada. La ley no exige prudencia solo cuando conviene políticamente. Cuando el deber de actuar existe y se elige no hacerlo, la omisión se transforma en corrupción silenciosa, aunque no haya firmas ni transferencias visibles.
Este patrón no es exclusivo del Banco Agrícola. BanReservas, por su tamaño y rentabilidad, representa otra cara del mismo fenómeno. Su fortaleza financiera funciona como escudo, mientras genere utilidades, se normaliza el uso político de su músculo crediticio y su rol estratégico. No es un banco en crisis, sino un pilar capturable, demasiado grande para fallar y demasiado influyente para ser cuestionado con rigor.
En SeNaSa, la captura adopta una forma distinta pero igual de peligrosa. La administración de recursos para la salud pública se diluye entre múltiples órganos de control que fallan simultáneamente. Auditorías sin consecuencias, supervisiones fragmentadas y responsabilidades repartidas crean un sistema donde nadie decide formalmente, pero todos permiten que el deterioro avance sin correcciones oportunas.
Oncológico
El caso del Instituto Oncológico Regional del Cibao lleva esta lógica a su expresión más cruel. Medicamentos donados y vencidos, fallas de gestión y silencios prolongados no responden a una orden explícita, sino a una cadena de omisiones. Aquí la corrupción no busca rentas ni votos, produce daño humano irreversible. Es la forma más extrema de violencia institucional.
Estas entidades comparten un rasgo central, se presentan como “autónomas”, pero operan sin contrapesos reales. No son ministerios, pero manejan recursos públicos o parafiscales de enorme impacto. Esa condición híbrida facilita la política sin firmas, decisiones que se ejecutan sin dejar rastro documental claro, protegidas por la fragmentación del control y la ambigüedad del mando.
Así funciona el Estado paralelo. No sustituye al Estado formal; lo parasita. Utiliza sus bancos, aseguradoras y hospitales para ejecutar decisiones políticas sin debate público ni trazabilidad. Cuando surge un escándalo, la respuesta es predecible, nadie ordenó nada, nadie firmó nada, nadie es responsable. La responsabilidad se evapora antes de llegar a nombre propio.
La corrupción por omisión es la herramienta ideal de este sistema. No requiere robar, sino no corregir; no exige conspirar, sino tolerar. Su defensa es perfecta: “yo no hice nada”. Pero en administración pública, no hacer cuando se debe actuar también es ejercer poder. Y ese poder, usado para proteger intereses o evitar costos políticos, es profundamente corrupto.
Lo más grave es que este esquema convive cómodamente con la democracia electoral. Cambian los gobiernos, pero el método permanece. Cada partido denuncia desde la oposición lo que toleró cuando fue poder. Así, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en lenguaje estructural del sistema, reforzando el cinismo ciudadano y la desconfianza institucional.
El daño no se mide solo en dinero. Se mide en crédito público debilitado, en servicios de salud degradados, en instituciones que pierden legitimidad funcional. Cuando el Estado no actúa a tiempo, socializa las pérdidas y privatiza la impunidad. El costo lo pagan siempre los mismos, productores reales, pacientes, usuarios y ciudadanos sin acceso al poder.
Romper este ciclo exige algo más que discursos anticorrupción. Requiere responsabilidad por omisión, trazabilidad obligatoria de decisiones y consecuencias personales para quien incumple su deber de actuar. Sin eso, la política seguirá operando sin firmas y el Estado paralelo seguirá gobernando desde las sombras, hasta que la fragilidad institucional deje de ser advertencia y se convierta en colapso.
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