El autor es productor de televisión. Reside en Santo Domingo
Soy dominicano. Soy padre. Y, además, acompaño familias desde el trabajo social. Por eso escribo con una preocupación que no es pose ni agenda: cuando un niño desaparece, no se “pierde un caso”; se rompe una familia, se detiene una comunidad, se instala el miedo.
En República Dominicana, ante el tema, mucha gente repite una frase que suena a calmante colectivo: “aquí eso no está pasando”. Pero cuando uno se toma en serio la investigación —sin morbo, sin conspiraciones, sin inventar— y mira lo que reportan instituciones oficiales, organismos internacionales y medios importantes en países latinoamericanos, aparece una realidad que obliga a abrir los ojos: las desapariciones de niñas, niños y adolescentes existen, se denuncian, se registran y se investigan… aunque no siempre se resuelvan.
Y entonces surge la pregunta: si en tantos países cercanos hay reportes comprobables y documentados, ¿por qué aquí tanta gente se convence de que “eso no existe”? ¿Es que no ocurre… o es que no se registra bien, no se visibiliza, o no confiamos en denunciar?
Chile: cifras y registros públicos
En Chile existe un sistema formal de búsqueda y publicación de personas extraviadas, gestionado por la PDI, con fichas visibles al público. Y la propia información difundida en prensa sobre datos policiales ha señalado miles de reportes de menores en un año, con cientos que permanecían sin ubicación al cierre del período reportado. Conclusión: no es “rumor”; es un fenómeno que se cuenta y se exhibe como problema real.
Colombia: conflicto, reclutamiento y registros oficiales
En Colombia, además del dolor histórico del conflicto, hay registros oficiales de desaparecidos (Medicina Legal mantiene el RND) que permiten consulta y seguimiento. Y la Unidad de Búsqueda (UBPD) ha informado miles de solicitudes de búsqueda relacionadas con menores desaparecidos en contexto del conflicto armado. Conclusión: cuando hay registro y Estado detrás, la sociedad no tiene que “creer”; puede verificar.
Costa Rica: denuncias diarias y balance anual
Costa Rica, un país que muchos ven como “más tranquilo”, reporta una realidad que golpea: el OIJ ha hablado de un promedio de múltiples denuncias diarias por menores desaparecidos, y medios nacionales han documentado cifras anuales con localizaciones y casos aún pendientes. Conclusión: incluso donde hay institucionalidad sólida, el riesgo existe.
Ecuador: miles de denuncias y alertas sobre violencia
En Ecuador, la Fiscalía ha reportado miles de denuncias de desaparición por año. Y UNICEF ha advertido sobre reportes de desapariciones de menores en provincias específicas, conectándolo con un entorno de violencia y reclutamiento de niños y adolescentes. Conclusión: negar el fenómeno no lo reduce; documentarlo, sí permite enfrentarlo.
Guatemala
Guatemala tiene un sistema de alerta (ALBA-KENETH) que publica datos y reportes. La propia PGN informó miles de alertas activadas en 2024. Conclusión: cuando un país instala una alerta formal, deja claro que la desaparición de menores no es “leyenda urbana”: es emergencia social.
Honduras
En Honduras, el CONADEH ha señalado reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en 2024, describiéndolo como altamente preocupante. Conclusión: el tema no es “viral”; es agenda de derechos humanos.
El Salvador
Aquí aparece un punto clave: hay contextos donde la falta de transparencia distorsiona la percepción pública. Reportajes han explicado que en El Salvador se han restringido cifras oficiales sobre desaparecidos, lo que empuja a familias y organizaciones a construir sus propios registros. Además, organizaciones han documentado dificultades de registro y abordaje institucional en denuncias. Conclusión: si no hay datos abiertos, la sociedad termina discutiendo “sensaciones”, no realidades verificables.
Nicaragua
En Nicaragua, organismos internacionales han advertido sobre desapariciones forzadas y un clima donde muchas familias temen denunciar. Conclusión: el silencio no siempre significa “no pasa”; a veces significa “da miedo decirlo”.
La pregunta para RD
Ahora, volvamos a casa. Si toda esta evidencia regional existe, si hay registros, alertas, estadísticas, notas oficiales y organismos internacionales hablando del tema… ¿por qué aquí tantos aseguran que “eso no está pasando”? Yo no estoy afirmando a ciegas que estemos igual que otros países. Estoy diciendo algo más serio: si no tenemos un sistema robusto, transparente y confiable de registro y alerta, la sociedad queda indefensa ante la duda.
Porque el verdadero enemigo, además del delincuente, es este triángulo mortal:
1. subregistro (no se denuncia o no se clasifica bien),
2. desinformación (se exagera o se minimiza),
3. desconfianza (la familia siente que “nadie hará nada”).
Si queremos proteger a nuestra niñez, el camino no es pelear en redes. Es exigir y construir: registro nacional público y depurado, alerta temprana tipo “AMBER/ALBA” adaptada al país, protocolos de búsqueda en las primeras horas, coordinación real entre Policía, Ministerio Público, Migración, escuelas, alcaldías y comunidades; y educación preventiva para familias, porque parte de las desapariciones en el mundo también se relacionan con captación, trata y explotación, un fenómeno que organismos internacionales advierten que sigue afectando a poblaciones vulnerables e incluye cada vez más a menores.
La pregunta final no es para ganar un debate. Es para salvar vidas:
¿Vamos a esperar “un caso grande” para creer, o vamos a crear el sistema que evita que ese caso ocurra?
jpm-am
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