La empresa DEKOLOR, vinculada al empresario José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi Gómez), ha sido descalificada de la licitación llevada a cabo por la Junta Central Electoral (JCE) para el suministro de equipos, materiales y servicios destinados a la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral, por un monto de 2,081.6 millones de pesos.
DEKOLOR, que ha sido señalada por haber actuado como fiadora solidaria de la empresa Transcore Latam, fue excluida durante el proceso de verificación de la documentación de los oferentes, realizado el pasado martes. Aunque inicialmente había 19 empresas en la licitación, tres no se presentaron, lo que resultó en su descalificación automática, incluida DEKOLOR.
Cabe recordar que Transcore Latam se encuentra en medio de un proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato con el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica en el Gran Santo Domingo.
En el pasado, DEKOLOR había sido la empresa ganadora de una licitación similar en 2005, cuando obtuvo el contrato para la emisión de licencias de conducir. Sin embargo, la relación de DEKOLOR con Jochi Gómez y su vinculación a escándalos previos han generado controversia.
Por su parte, Jochi Gómez se encuentra actualmente bajo una medida de coerción que incluye el impedimento de salida del país, la presentación periódica ante las autoridades y una garantía económica. Gómez está involucrado en la operación Camaleón, en la cual se le vincula junto a otras figuras del ámbito político y empresarial en una red de corrupción y delitos graves contra el Estado.
Además, el empresario fue señalado por el actual director del Intrant, Milton Morrison, de sabotear el sistema semafórico del Gran Santo Domingo, lo que provocó caos en el tráfico durante varios días en el mes de agosto de 2024. Gómez negó estas acusaciones a través de sus redes sociales.
La descalificación de DEKOLOR resalta las tensiones que existen en torno a este proceso licitatorio y a la situación legal de los involucrados en la operación Camaleón.
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