EL AUTOR es agrimensor y docente universitario. Reside en Santo Domingo.
Cuba enfrenta una crisis alimentaria profunda que se ha intensificado en los últimos años. Estimaciones independientes sitúan la inseguridad alimentaria entre un 30 % y un 40 % de la población.
Alrededor de un 10 % a 15 % no alcanza el mínimo recomendado de 2,100 calorías diarias. La escasez ya no es episódica, sino estructural y cotidiana.
La producción agrícola nacional ha caído de manera sostenida durante la última década. Rubros básicos como arroz, carne de cerdo y leche muestran descensos significativos.
El país importa entre el 70 % y el 80 % de los alimentos que consume. Sin divisas suficientes, el abastecimiento se vuelve inestable.
La inflación ha deteriorado gravemente el poder adquisitivo de los hogares. Encuestas independientes indican que muchos ciudadanos han reducido sus comidas diarias. Un porcentaje relevante afirma comer solo dos veces al día o menos. La calidad nutricional también se ha visto afectada.
Los grupos más vulnerables son los más golpeados por la crisis. Adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos presentan mayores riesgos. Los reportes sobre malnutrición han aumentado en los últimos años. El impacto social se refleja en hospitales y comunidades rurales.
El debate internacional suele centrarse en el embargo estadounidense. Sin embargo, Cuba puede importar alimentos desde EE. UU. bajo excepciones vigentes desde 2000. Esto demuestra que el problema no es únicamente comercial. También existen factores internos de productividad y gestión.
En el plano político interno, algunos analistas sostienen que el propio presidente de Cuba podría convertirse en la figura que impulse cambios graduales desde dentro del sistema. Una transición ordenada requeriría flexibilizar controles, ampliar libertades económicas y abrir espacios institucionales.
Sin embargo, su margen de maniobra y liderazgo han sido percibidos como limitados. Esa restricción dificulta que encabece una transformación democrática sostenida.
La dependencia de importaciones expone al país a choques externos.
Cuando escasean divisas, se paralizan compras esenciales. La caída del turismo y las remesas agravó esa vulnerabilidad. El resultado es una cadena de escasez recurrente.
En este contexto, la prioridad debe ser humanitaria. Una opción sería coordinar un corredor de ayuda supervisado internacionalmente. El envío de un barco hospital podría atender urgencias médicas críticas. La asistencia alimentaria temporal aliviaría la presión inmediata.
El desgaste físico y económico limita la movilización social. La escasez prolongada reduce energía y capacidad organizativa. Diversos estudios vinculan crisis alimentarias con debilitamiento cívico. El hambre erosiona la capacidad de acción colectiva sostenida.
Permitir que la situación escale hacia un colapso mayor tendría consecuencias graves. Un desastre humanitario profundo haría más daño que cualquier cálculo estratégico. Además, una crisis agravada podría afectar la imagen internacional de cualquier iniciativa externa. Incluso podría comprometer los planes orientados a democratizar la isla.
Si los esfuerzos por democratizar y estabilizar la isla fracasan, el costo político sería elevado. Ese fracaso podría alimentar la narrativa de quienes apuestan a que todo intento de cambio termine en crisis. Se fortalecerían discursos que utilizan el deterioro como argumento para ganar espacio político. Por eso, cualquier transición debe priorizar resultados concretos que eviten convertir el sufrimiento humano en herramienta de disputa ideológica.
jpm-am
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