El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.
El desfalco ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) no solo destapa una estructura de corrupción administrativa sin precedente, sino que, además, deja al desnudo algo más grave: el autoengaño institucional con el que el gobierno dominicano ha decidido medir y celebrar su propia transparencia.
Mientras los recursos públicos eran sustraídos y desviados, SENASA exhibía uno de los índices de transparencia más altos del sector público, con calificaciones superiores al 90 % otorgadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), órgano rector de la transparencia.
Este hecho revela un contrasentido que no puede ni debe pasarse por alto: ¿cómo puede una entidad exhibir un alto nivel de transparencia mientras en su interior se incubaba un fraude de grandes proporciones?
Aquí emerge una responsabilidad ineludible de la DIGEIG. Al mostrar estos índices como indicadores de ética e integridad, se genera una certificación implícita de buena conducta que termina siendo muy peligrosa.
Cuando se otorgan calificaciones tan altas, se está legitimando políticamente una gestión; se está enviando un mensaje de confianza que desarma la fiscalización social y política. Pero resulta que ese mensaje se hallaba sustentado en la falsedad. Y sus consecuencias hoy están a la vista de todos.
Pero el problema no es tanto que la transparencia fallara. El problema es que nunca los mecanismos de controles y transparencia estuvieron diseñados para impedir el saqueo. El modelo vigente se limita a verificar si documentos están colgados en portales, si informes fueron publicados, o si se cumplió con una que otra rutina burocrática formal.
Pero la corrupción no se combate con archivos digitales ni con porcentajes acomodados y decorativos, sino con control real, supervisión, verificación, cruces de información, monitoreo y capacidad de alerta temprana.
El autoengaño consiste entonces, en creer, o hacer creer, que publicar información equivale a transparentar la gestión.
El desfalco en SENASA no puede entenderse como un hecho aislado ni como una simple desviación individual. Es el resultado de un sistema que confunde ética con formalismo, y control con propaganda. Un sistema que llega siempre después del escándalo y nunca antes del daño.
Revisión a fondo
Mientras no se revise a fondo este modelo de transparencia, el país seguirá atrapado en la misma paradoja: instituciones “transparentes” saqueadas y ciudadanos indignados y desprotegidos.
Porque una transparencia que no ve, que no alerta y que no impide el desfalco no es transparencia. Es autoengaño institucional.
El caso SENASA obliga a una revisión profunda del modelo de transparencia pública en República Dominicana. O se transforma en una herramienta de control real, con capacidad de detección y prevención, o debe admitirse que hoy funciona más como un instrumento de propaganda institucional que como un escudo contra la corrupción.
Cuando una institución obtiene más de 90 % en transparencia y aun así se produce un desfalco millonario de esa magnitud, lo que falla no es solo la entidad evaluada, sino el sistema de control y evaluación mismos.
Publicar información, por sí sólo, no equivale a transparentar la gestión si: no hay cruces de datos, no existen alertas tempranas, no se evalúa la congruencia entre lo publicado y la ejecución real, y no se articula con auditorías, control interno y persecución penal.
De no ser así, la transparencia se convierte en una fachada institucional, una vitrina bien ordenada que esconde un almacén saqueado.
jpm-am
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