La autora es periodista. Reside en Santo Domingo.
Por Yanet Girón
El robo de tierras es un mal antiguo que sigue manifestándose en distintos sectores y municipios del país. No surge por error, sino por la ambición que despierta al ver un solar vacío o una finca aparentemente sola.
Muchas de esas tierras tienen dueño, historia y memoria familiar. Aun así, hay quienes se dejan llenar los ojos y deciden apropiarse de lo ajeno, aunque sepan que ese terreno fue trabajado, cuidado o heredado legítimamente.
No se trata de hechos aislados. El caso de Bahía de las Águilas dejó en evidencia cómo durante años se intentó legalizar el despojo mediante títulos falsos, herencias inventadas y ventas inexistentes.
En Los Tres Brazos, numerosas familias enfrentaron reclamos de supuestos propietarios que aparecieron de repente, amparados en documentos que luego fueron seriamente cuestionados por su origen y rapidez en el registro.
Estos conflictos suelen apoyarse en una realidad histórica: durante mucho tiempo la tierra se transmitió de palabra o con papeles precarios. Pero quien falsifica hoy sabe perfectamente que no le pertenece lo que reclama.
Es un mal de años en el que se han involucrado militares, funcionarios de distintos gobiernos y dirigentes políticos, tanto nacionales como municipales, sin que existan sanciones ejemplarizantes.
También participan personas sin raíces ni vínculos con las comunidades, que recorren territorios buscando tierras para luego alegar herencias inexistentes o supuestas compras realizadas hace décadas.
Las víctimas suelen ser personas vulnerables, sin recursos para enfrentar largos procesos judiciales. El daño no es solo material: genera desplazamientos, conflictos sociales y una profunda sensación de injusticia.
Mientras el despojo no encuentre un freno real, la ambición seguirá avanzando sobre la legalidad, debilitando la confianza en el Estado y poniendo en riesgo la estabilidad social.
jpm-am
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