Santo Domingo.- El abogado Emilio López anunció que depositará una instancia ante la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) para exigir información precisa sobre la disponibilidad de los fondos acreditados a favor de los docentes y determinar si esos recursos realmente existen y pueden ser retirados por sus propietarios cuando los necesiten. Advirtió que, de no recibir respuesta en un plazo de diez días, acudirá al Tribunal Superior Administrativo.
López sostuvo que la cooperativa, integrada por más de 200 mil maestros, genera alrededor de 6 mil millones de pesos anuales, recursos que, según afirmó, deberían traducirse en beneficios directos para sus afiliados.
El jurista aseguró que, tras revisar el funcionamiento de la entidad, detectó presuntas violaciones a la Ley 127-64 sobre asociaciones cooperativas, al alegar que los excedentes son acreditados a un fondo sin que los maestros puedan disponer libremente de esos recursos.
«Es como decirle a una persona que tiene cinco millones de pesos acreditados en su cuenta, pero que no puede utilizarlos. De nada sirve que el dinero aparezca en el papel si el propietario no puede disponer de él», expresó.
López cuestionó que la cooperativa presente resultados financieros favorables mientras, según dijo, los docentes no perciben un impacto real en su calidad de vida. A su juicio, los excedentes permanecen inmovilizados para seguir generando rendimientos, en lugar de ponerse a disposición de los socios como establece la legislación.
«Esos seis mil millones están acreditados a un fondo para seguir generando recursos, pero la pregunta es: ¿para cuándo podrán los maestros utilizar ese dinero?», planteó.
El abogado afirmó que la normativa establece un cierre anual de beneficios y que, una vez realizado ese proceso, los excedentes deben estar disponibles para que cada afiliado decida libremente si los retira, los invierte o los utiliza según sus necesidades.
Asimismo, criticó los salarios que, según denunció, reciben algunos funcionarios de la cooperativa. Señaló que Julito Fulcar percibe 306 mil pesos mensuales como asesor, que la esposa de Roberto Fulcar recibe 600 mil pesos y que el gerente general, Lucas Figueroa, devenga 800 mil pesos. López calificó estos ingresos como «una vergüenza», especialmente tratándose de personas que ejercen funciones públicas o vinculadas al sector educativo.
El abogado reiteró que el objetivo de la instancia es obtener información oficial sobre el manejo de los fondos y lograr que cese lo que definió como un uso «ilegal y perverso» de los recursos pertenecientes a los maestros.
Sostuvo que esos ahorros deben estar disponibles para que los docentes puedan atender necesidades familiares y personales, como adquirir electrodomésticos, cubrir gastos esenciales o financiar proyectos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
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