Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Robiou, dos de los principales acusados de corrupción.
SANTO DOMINGO.- Los abogados del Estado dominicano solicitaron al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que inmponga una indemnización de RD$20 mil millones al grupo de altos oficiales militares y civiles acusados de cometer actos de corrupción a través de un entramado que supuestamente defraudó al Estado con más de RD$4,500 millones durante el pasado gobierno de Danilo Medina..
LOS ACUSADOS
Se refirieron a los acusados durante la operación «Coral», entre ellos los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola. Para cada uno de éstos el Ministerio Público ha solicitado penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos.
Los fiscales, encabezados por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), han solicitado la misma pena para los acusados coronel Rafael Núñez de Aza, general Boanerges Reyes Batista y capitán Franklin Antonio Mata Flores. También han solicitado 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para la procesada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
INDEMNIZACIÓN SUPERIOR A LOS 20 MIL MILLONES DE PESOS
José Ortiz, miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, dijo que durante las conclusiones los fisccales han solicitado además que sean condenados al pago de una indemnización superior a los 20 mil millones de pesos por los daños causados.
Las acciones atribuidas a los imputados, dijo, dejaron a niños sin alimentos, atención y protección, además de provocar un daño moral al Estado dominicano y una «contaminación moral» de la autoridad presidencial.
Ortiz afirmó que el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) representa una extensión física y simbólica del presidente de la República, por lo que la desviación de sus recursos para fines privados produjo una grave afectación moral a la figura presidencial y a la institucionalidad del Estado.
LESIONARON IMAGEN Y CONFIANZA INTERNACIONAL DEL ESTADO
Añadió que estas acciones también generaron un descrédito internacional que lesionó la imagen de seguridad y confiabilidad del Estado dominicano, debido a que el Cusep es responsable de la protección de visitas oficiales de otros países.
Los informes de la Cámara de Cuentas, junto al incremento patrimonial injustificado de los imputados, «demuestran los daños materiales ocasionados, los cuales superan los 4,500 millones», señaló.
Asimismo, expuso que el fraude cometido en el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia fue una de las «expresiones más crueles del entramado de corrupción», al afectar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
an/am
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