La autora es periodista. Reside en Baní
POR LUISANNA LORA PERELLO
Hay debates que se entienden mejor lejos del ruido y más cerca de la realidad. La discusión entre la República Dominicana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre políticas migratorias es uno de ellos. Porque aquí no solo se discute migración; se discute carga, corresponsabilidad y silencio internacional.
República Dominicana comparte frontera con un Estado colapsado. Haití no atraviesa una crisis coyuntural, sino una fractura estructural de años marcada por violencia de pandillas, vacío institucional y colapso de servicios básicos. Ese contexto empuja a miles de personas a cruzar la frontera buscando sobrevivir, no simplemente mejores oportunidades.
El Estado dominicano defiende su derecho soberano a regular la migración y proteger la sostenibilidad de sus servicios públicos. La CIDH, por su parte, recuerda que ninguna política migratoria puede desligarse de los estándares de derechos humanos. Ambas afirmaciones son válidas en su esencia; el choque ocurre en la ejecución.
Las cifras ayudan a dimensionar el fenómeno. Según la Dirección General de Migración, en 2025 fueron deportados 379,553 extranjeros en condición migratoria irregular, un volumen que refleja la magnitud del flujo. En el sistema de salud, datos oficiales situaban en 12.4% la proporción de pacientes haitianos en hospitalizaciones generales durante 2024. El impacto resulta aún más visible en el área materna, donde el 36% de los nacimientos correspondían a parturientas haitianas. Tras la aplicación de nuevos protocolos migratorios, las autoridades reportan reducciones significativas.
Estos números no criminalizan a nadie; describen presión sobre servicios públicos de un país con recursos limitados. Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿puede un solo Estado cargar indefinidamente con las consecuencias humanas y económicas del colapso de su vecino?
Durante décadas, República Dominicana ha absorbido el impacto de la crisis haitiana en hospitales, escuelas y mercado laboral, mientras la comunidad internacional ha sido más consistente en diagnósticos que en soluciones. Se producen informes, pero las transformaciones estructurales en Haití siguen pendientes.
Nada de esto exonera al Estado dominicano de respetar los derechos humanos. La dignidad humana no es negociable. Pero también es cierto que la migración haitiana hacia República Dominicana no es un fenómeno aislado, sino el síntoma visible de un fracaso regional.
El riesgo de una narrativa incompleta es convertir a República Dominicana en el centro de la crítica mientras el origen del problema permanece fuera del foco. Regular la migración es un derecho soberano. Hacerlo con humanidad es una obligación. Enfrentar solo una crisis regional, en cambio, es una carga desproporcionada.
La crisis haitiana no se resolverá en la frontera dominicana. Pretenderlo es tan irreal como injusto. Tal vez el debate debería dejar de mirar únicamente qué hace República Dominicana y empezar a preguntar qué está dejando de hacer el resto del continente.
Porque cuando un problema es compartido, pero la respuesta no lo es, la presión no desaparece: se acumula. Y las facturas acumuladas, tarde o temprano, pasan cuenta.
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