El autor es abogado.
Las licitaciones públicas en nuestro país, siempre han estado relacionadas o asociadas con actos de corrupción. Son un factor de atracción para que empresarios corruptos financien campañas electorales, para luego, en dación de pago, se cobren su acreencia con las adjudicaciones.
Fue un mecanismo legal empleado por el PLD para facilitar a Odebrecht a hacer muchas las diabluras que hizo, no sólo aquí, sino en todos los países donde la empresa operaba. SENASA es otro caso emblemático de esta corrupción en este gobierno.
La idea es simple: Yo te recibo dinero para mi campaña electoral, y a cambio te habilito a participar en las distintas licitaciones, y así me aseguro que te la adjudiquen (la gane), para que te cobre lo aportado, asegurando así el retorno de tu inversión.
¿Qué impide que un gobierno compre directamente a los grandes laboratorios, por ejemplo, medicamentos? Simple! ¿Con qué entonces les van a pagar o devolver las aportaciones hechas por los tradicionales inversionistas electorales del sector farmacéutico, que cada cuatro años financian las campañas a los tres partidos más hegemónicos?
Lo propio ocurre con los productos tecnológicos (ejemplos: Tablets y computadoras), que el gobierno dominicano, pudiendo comunicarse directamente con las marcas globales que producen esos dispositivos, prefieren licitar, como si no tuvieran dinero, y mejor se las compran a un intermediario, encareciendo, por supuesto, el costo de esa absurdidad con la que benefician a unos cuantos, y perjudicando al pendejo gobierno, pagando mucho más que de lo que debería pagar.
jpm-am
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