EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.
Cada 26 de enero la República Dominicana pronuncia un nombre que no admite trivialidades: Juan Pablo Duarte. Esta fecha no debe servir solo para recordar; debe servir para medirnos.
Duarte no nos dejó una patria para contemplarla desde la nostalgia, sino una República para sostenerla con carácter. Y lo dijo sin ambigüedades: “Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor”. Esa frase no pertenece al pasado; es una interpelación directa al presente.
La liberación que hoy necesitamos no es romántica ni cinematográfica. No es violenta ni ideológica. Es cívica, moral e institucional.
Tiene un propósito concreto: hacer posible el Proyecto de Nación del Estado Social y Democrático de Derecho que nuestra Constitución proclama, pero que aún no logra encarnarse en la vida diaria del país.
Hablar de liberación no es hablar de ruptura; es hablar de rescate. Rescatar la ley como límite real, la justicia como medida efectiva y la virtud pública como norte compartido.
No se construye un proyecto de nación sobre un pueblo resignado. Cuando la ciudadanía se acostumbra a no esperar nada, el problema deja de ser electoral y pasa a ser moral.
Se rompe entonces el vínculo invisible que sostiene toda república: la convicción de que la verdad importa, de que la ley obliga y de que el bien común está por encima del interés del grupo. Sin esa convicción, cualquier “nueva etapa” se vuelve maquillaje: comunicación sin explicación, narrativa sin responsabilidad, poder sin rendición de cuentas.
Por eso, antes de hablar de reformas, programas o candidaturas, debemos atrevernos a responder una pregunta incómoda pero ineludible: ¿de qué —y de quién— debemos liberarnos? No para alimentar odios ni competir por etiquetas, sino para comprender la raíz del problema.
La liberación verdadera comienza cuando entendemos que el principal obstáculo no es una persona, sino un sistema de incentivos que premia el abuso, protege la impunidad y castiga la virtud. Personalizar el problema entretiene; comprenderlo libera.
Debemos liberarnos, primero, de un modelo que ha deformado la idea misma de ciudadanía. Un país no se sostiene solo con obras visibles; se sostiene con carácter colectivo.
La educación y la cultura deberían formar ciudadanos con respeto a la libertad, amor por la patria y responsabilidad ante Dios y ante la historia. Cuando el Estado abdica de esa misión y normaliza el dinero fácil, el vicio y la banalización de la dignidad humana, la sociedad se vuelve más vulnerable a la captura y a la desesperanza. Un pueblo sin brújula moral no pierde el rumbo de golpe: se acostumbra a caminar sin él.
Debemos liberarnos también de la privatización del Estado como botín. Cuando el poder se administra como propiedad y no como mandato temporal, se firman contratos opacos, se desmontan instituciones, se entregan recursos estratégicos sin visión nacional y se gobierna para socios, no para ciudadanos.
En ese contexto, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en método; la impunidad deja de ser anomalía y se vuelve garantía. Ninguna República puede sostenerse cuando el presupuesto se percibe como botín y la ley se aplica según conveniencia.
Debemos liberarnos de la lógica del endeudamiento sin transformación y del abandono de lo esencial. Endeudarse no es un pecado en sí mismo; lo destructivo es endeudarse sin resolver lo básico: educación de calidad, salud digna, seguridad ciudadana, servicios esenciales y empleo decente.
Cada deuda que no se traduce en bienestar es una factura moral que se le pasa a nuestros hijos. Y cuando los servicios siguen precarios y la inseguridad se normaliza, el ciudadano entiende que se le exige paciencia, pero no se le entregan resultados.
Debemos liberarnos, además, del desprecio al mandato constitucional y de la manipulación de nuestra identidad. Defender la identidad nacional no es odiar a nadie. Es exigir que el Estado cumpla su deber: aplicar la ley con justicia, sin discriminación, proteger la convivencia y garantizar derechos sin sacrificar soberanía ni dignidad.
Como advirtió Duarte: “Todo poder dominicano está y deberá estar siempre limitado por la ley y ésta por la justicia”. Ese principio no es una cita ceremonial: es la columna vertebral del Estado Social y Democrático de Derecho.
La pregunta decisiva, entonces, no es si debemos liberarnos, sino cómo hacerlo sin caer en el odio, el caos o el caudillismo. La respuesta exige madurez histórica y una secuencia clara: verdad, para nombrar la captura sin maquillajes ni excusas; conciencia, para entender que la resignación no es prudencia, es rendición; organización cívica, para convertir la indignación en criterio y el criterio en disciplina colectiva; y proyecto, para asumir el Estado Social y Democrático de Derecho como norte compartido, no como decoración constitucional.
La liberación sin proyecto se convierte en rabia. El proyecto sin liberación se queda en papel. Por eso, la tarea de esta hora histórica es doble: despertar la conciencia colectiva y, sobre esa base, construir un Proyecto de Nación que haga realidad la Constitución en la vida diaria.
En esa dirección, el Foro y Frente Cívico y Social continuará trabajando en todo el territorio nacional para elevar el estándar del debate público, formar ciudadanía y articular voluntades alrededor de principios verificables: verdad, legalidad, transparencia, mérito, justicia y responsabilidad.
En el natalicio de Duarte conviene recordar otra de sus exigencias, sencilla y decisiva: “Trabajemos por y para la Patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”. Si asumimos esa obligación, la liberación deja de ser consigna y se convierte en tarea histórica compartida.
Despierta, RD!
No para odiar.
Para asumir.
jpm-am
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