EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
En la República Dominicana se celebra la diversidad de medios, pero rara vez se discute un tema clave: quién o quiénes son los reales dueños de esos medios.
En la última década, el relevo empresarial en la comunicación ha traído nuevos actores, nuevas plataformas y más presencia digital.
Sin embargo, también ha instalado un modelo donde el propietario real ya no da la cara. Y esa opacidad no es un detalle menor: es un problema democrático. El medio de comunicación dejó de ser, en muchos casos, un proyecto periodístico para convertirse en un activo estratégico dentro del poder económico.
Grupos con intereses en turismo, construcción, telecomunicaciones, entretenimiento o contratos públicos han entrado al negocio informativo no para fiscalizar al poder quizás, sino para protegerse del poder o negociar con él, en eso estemos claro.
Desde el punto de vista del desarrollo, esto tiene una cara positiva: inversión, modernización tecnológica, expansión digital, más empleos y llegada a nuevas audiencias. Pero ese avance material no puede ocultar el costo institucional que se está pagando: una prensa cada vez menos independiente y más condicionada por intereses que no se transparentan.
Cuando el dueño del medio también es contratista del Estado, concesionario, socio político o beneficiario de regulaciones públicas, el conflicto de interés es evidente. El medio deja de incomodar y empieza a acomodar. La crítica se vuelve selectiva. La investigación se vuelve prudente. El silencio se vuelve rentable.
¿Es esto conveniente para el país?. Sólo lo sería si existieran reglas claras: transparencia total sobre la propiedad, separación real entre negocios y redacción, y una pauta estatal distribuida con criterios técnicos, no políticos. Pero cuando nada de eso está garantizado, el modelo se vuelve peligroso.
Una democracia no se mide solo por elecciones, sino por la calidad de su debate público. Y ese debate depende de medios que puedan preguntar sin miedo, investigar sin permiso y publicar sin pedirle autorización al dueño.
Hoy en la República Dominicana hay más micrófonos que nunca, pero no necesariamente más voces libres. Hay más canales, pero no siempre más pluralidad.
Por eso, el tema no es si entraron nuevos dueños. El tema es cómo entraron y para qué. Si entraron para informar, bienvenidos. Si entraron para influir, blindarse o negociar poder, entonces el país no gana prensa: gana propaganda. Y una democracia con propaganda, aunque tenga muchos medios, sigue estando mal informada.
jpm-am
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