Caracas, – El gobierno de Venezuela ha calificado como «cipayo» al gobierno dominicano, liderado por el presidente Luis Abinader, tras la confiscación de una aeronave vinculada al Estado venezolano mientras se encontraba en territorio de la República Dominicana.
El término «cipayo» tiene una raíz histórica que se remonta al persa «sepāhi», que significa «soldado». En los siglos XVIII y XIX, se empleaba para referirse a los soldados nativos de la India que servían en los ejércitos coloniales de potencias europeas como Francia, Portugal y Gran Bretaña. Con el tiempo, el término adquirió una connotación despectiva y, según la Asociación de Academias de la Lengua Española, se usa para describir a personas que, por intereses ideológicos o económicos, apoyan intereses extranjeros en detrimento de los nacionales.
La cancillería venezolana emitió un comunicado en el que se señala que «su odio hacia Venezuela (el del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio) lo lleva ahora al delito abierto confiscando ilegalmente un avión de PDVSA con la complicidad del gobierno cipayo de la República Dominicana». Además, el gobierno de Maduro calificó de «ladrón de aviones» al funcionario estadounidense por la retención de la aeronave durante su reciente visita a territorio dominicano.
Por su parte, Marco Rubio justificó la incautación de la aeronave, asegurando que esta «fue utilizada para evadir las sanciones estadounidenses y el control de lavado de dinero». En su cuenta de X, el funcionario estadounidense expresó que esta acción «es un poderoso ejemplo de nuestra determinación de responsabilizar al ilegítimo régimen de Maduro por sus acciones ilegales».
Según información del Departamento de Estado de EE.UU., la aeronave en cuestión fue utilizada por funcionarios venezolanos para viajar a Grecia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Cuba, y fue llevada a la República Dominicana con fines de mantenimiento.
Cabe destacar que en septiembre de 2024, bajo la administración del expresidente Joe Biden, otro avión oficial venezolano, modelo Dassault Falcon 900EX, fue confiscado en República Dominicana y posteriormente trasladado al estado de Florida. Las autoridades estadounidenses aseguraron en aquel entonces que la aeronave había sido adquirida «ilegalmente» por 13 millones de dólares mediante una empresa fantasma.
El gobierno venezolano ha denunciado reiteradamente lo que considera una «persecución política y económica» por parte de EE.UU. y sus aliados en la región. Entretanto, la comunidad internacional sigue atenta a las repercusiones de estas medidas y a la creciente tensión diplomática entre Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos.
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