Camacho dijo que de acuerdo a la investigación, fueron sustraídos más de 900,000 proyectiles mientras continúan indagando sobre otros elementos como armas de fuego y pertrechos militares.
El Ministerio Público depositó este lunes ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en la Operación Pandora.
El procurador adjunto del Ministerio Público, Wilson Camacho, declaró la solicitud realizada consta de 213 páginas y 235 medios de pruebas con las que pedirán prisión preventiva para 10 personas físicas y una moral.
Asimismo, pedirán que el caso sea declarado complejo.
“Sobre todo por las características de este tema, es un caso sumamente grave que se ha dado en el seno de la Policía Nacional y que puede comprometer la seguridad en República Dominicana”, afirmó.
Camacho dijo que de acuerdo a la investigación, fueron sustraídos más de 900,000 proyectiles mientras continúan indagando sobre otros elementos como armas de fuego y pertrechos militares.
Explicó que las municiones eran sustraídas de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional y eran vendidas. “Nosotros estamos rastreando cualquier lugar donde se hayan vendido estos proyectiles”, dijo.
“Es necesario resaltar que este hecho se ha dado dentro de una de las instituciones del sistema de Justicia, todo el país necesita transparencia, pero si hay un estamento que amerita ser sumamente transparente es el sistema de justicia. Este es tercer caso sobre el sistema de justicia que nosotros hacemos, los primeros se dieron en el seno del Ministerio Público”, sostuvo el fiscal.
Asimismo, indicó que en la medida que se desarrolle la investigación y aparezcan evidencias, podrían ser incluidas otras personas.
Los acusados en la operación Pandora son: el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones; Juan Miguel Pérez Soler, subintendente; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; el segundo teniente, Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el sargento mayor, Miguel Ángel Gómez Espaillat; el cabo, Juan Luis Díaz Medina; el raso, Rubiel Martínez (alias “Escobar”) y la civil, Miguelina Bello Segura.
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