El fallo reactiva el debate sobre la ejecución de la sentencia TC-0367-21 y representa un primer desafío para la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso.
SANTO DOMINGO, Rep. Dom.- El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ha emitido una sentencia definitiva, la 249-04-2025-SSEN-00021, que declara la extinción de la acción penal contra el empresario canadiense Antonio Carbone. Este fallo pone fin a un largo proceso judicial que se extendió durante 10 años y 7 días, marcando un precedente en la justicia dominicana.
La sentencia cierra un caso iniciado en 2015 por acusaciones de violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano. La parte querellante, encabezada por Fernando Arturo Báez Guerrero y el Ministerio Público, había imputado a Carbone por un supuesto intento de homicidio, argumentando además la violación de pactos y tratados internacionales.
Sin embargo, según Carbone, la denuncia fue producto de las falsas acusaciones de Báez Guerrero, quien fuera exempleado de sus 13 casinos y que ahora se presenta como propietario de los establecimientos sin haber realizado ninguna inversión.
El tribunal, en su fallo, determinó que el proceso había excedido los plazos establecidos por el Código Procesal Penal, especialmente el artículo 148, que fija en tres años el plazo máximo para la duración de un proceso judicial. Según la magistrada Yissell Soto Peña, este retraso constituyó una violación al derecho constitucional de Carbone a un juicio oportuno.
“El sistema de justicia falló en garantizar un proceso ágil. La duración excesiva afectó irreversiblemente el derecho a la tutela judicial efectiva del señor Carbone”, afirmó Soto Peña en su redacción del fallo.
El tribunal también resaltó las dilaciones institucionales como factores determinantes en el retraso del proceso, incluyendo 11 fallos relacionados con el traslado del imputado desde su lugar de reclusión, irregularidades en la designación de jueces, y demoras excesivas en la resolución de recursos. Asimismo, se citó la falta de cumplimiento de la Dirección General de Prisiones en garantizar la presencia del acusado en las audiencias.
Este caso había sido previamente anulado por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia TC/0515/23 debido a irregularidades en la designación de uno de los jueces que conocían el caso. De acuerdo con esta sentencia, una abogada aspirante a juez dictó una sentencia contra Carbone, lo que violaba el principio del juez natural y el debido proceso. Este hecho fue catalogado como un caso histórico, ya que por primera vez en América Latina un extranjero fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal ilegal y arbitrario.
Con esta nueva sentencia, el tribunal ordena el cese inmediato de todas las medidas de coerción contra Carbone, el archivo definitivo del expediente N° 063-15-01157, y establece que las costas procesales serán asumidas por el Estado dominicano. Este fallo fue ratificado por los magistrados Claribel Nivar Arias (Presidenta), Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, con la asistencia del secretario interino Rafael S. Alcántara A.
La sentencia fue entregada oficialmente a los abogados de la defensa de Carbone el 28 de febrero de 2025, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 335 del Código Procesal Penal dominicano.
El desafío para la Procuraduría General de la República
Este fallo abre un nuevo capítulo en la historia judicial de la República Dominicana, reactivando el debate sobre la ejecución de la sentencia TC-0367-21. Esta sentencia, emitida por el Tribunal Constitucional, ordena al Ministerio Público la entrega voluntaria de todos los bienes de Antonio Carbone, que incluyen 13 casinos, cientos de bancas deportivas, miles de bancas de loterías, entre otros inmuebles, con un valor aproximado de $580 millones de dólares.
Además, la sentencia prohíbe la venta o transferencia de los bienes pertenecientes al patrimonio de la familia Carbone.
El reclamo de ejecución de esta sentencia representa el primer desafío de alto perfil para la nueva procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien deberá tomar decisiones clave sobre el cumplimiento de la ley y la seguridad jurídica en el país. ¿Cumplirá la procuradora con lo que establece la ley? La comunidad jurídica y los inversionistas estarán atentos a la respuesta que brinde la PGR.
Este caso, conocido como «El caso de la década», se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos fundamentales, la transparencia judicial y la garantía de un proceso justo en la República Dominicana.
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