EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
Se requiere promover en este 2026 un amplio consenso político, económico y social para reencausar la economía hacia estables senderos de crecimiento, estabilidad, fiscalidad, desarrollo, consolidación de servicios de salud, educación, agua potable, electricidad, vivienda, vialidad, empleo, justicia y saneamiento.
Es este el año decisivo para que Estado, gobierno, liderazgo político empresariado y sociedad civil acuerden el diseño o consolidación de programas de desarrollo de mediano y largo plazos, porque el año siguiente y el 2028, es decir, el corto plazo, están reservados a un desenfreno electoral coincidente con un difícil entorno externo.
He insistido en que la prevalencia de una relativa estabilidad macroeconómica ha sido por más de tres décadas fortín de la democracia y de la institucionalidad que pudo resistir a las crisis de 1990 y 94; el crack bancario de 2002-04, cuando la económica sufrió un traspié de -2% del PIB, y la crisis financiera global de 2008.
Si se vuelve inviable la habilitación del Consejo Económico y Social (CES) como escenario de consenso sobre temas esenciales para impulsar el desarrollo y consolidar la institucionalidad, entonces debería apelarse a la pena de los ex presidentes de la República porque no hay más altares para el arbitraje político.
El flagelo de la corrupción, que se llevó por delante al anterior gobierno y que amenaza con desalojar de la misma manera al actual equipo gobernante, debe encabezar los temas a ser abordados por el liderazgo nacional en este año, porque sin extirpar al peculado no podría consensuarse otras graves falencias.
Duele decirlo, pero los poderes públicos, clase política, empresariado, gremios y sindicatos sufren severa crisis de reputación matizada en creciente desconfianza o crónico déficit de credibilidad ciudadana en la mayoría de los actos que emanan desde sus instituciones, líderes o dirigentes.
Se admite que lo que aquí se plantea, de provechar este año para activar el diálogo político, económico y social antes de que suba la marea electoral, oscila entre lo muy difícil y lo quimérico, pero resulta predecible es que si no se logra consensuar para planes a mediano y largo plazo, como lo referido al endeudamiento,, se erosionaría la gobernanza y estabilidad macroeconómica.
Si el gobierno se derrumba, la oposición asumiría el control del poder político por la misma vía del voto popular, pero se correría el riesgo de reeditar mismos fracasos, tropiezos y frustraciones si en este mismo año no se arriban a acuerdos para afrontar males mayores con soluciones de mediano y largo plazo. Al fin y al cabo, el interés nacional debería estar primero que el particular.
JPM
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