Corrupción, omisiones y responsabilidades políticas en un sistema que debía salvar vidas
No fue un error técnico. No fue una falla administrativa. No fue una “distorsión del sistema”.
Lo ocurrido en SeNaSa fue algo mucho más grave: un asalto a la salud de los más pobres, ejecutado mientras ciudadanos esperaban medicamentos, tratamientos y atención que nunca llegó o llegó tarde. Y cuando la salud falla, la consecuencia no es abstracta: es sufrimiento, secuelas y muerte.
El Ministerio Público investiga el caso conocido como Operación Cobra, un entramado de corrupción que, según sus propios comunicados, desvió recursos públicos vinculados al sistema de salud estatal. Ministerio Público ha hablado de una estructura organizada, sobornos y beneficiarios. No se trata de sospechas callejeras, sino de expedientes judiciales.
Fuente oficial:https://pgr.gob.do
Cuando el dinero robado era medicina
Cada peso sustraído de SeNaSa no era “un número”. Era una receta no despachada. Era un tratamiento interrumpido. Era una persona pobre obligada a elegir entre comer o curarse.
Ese es el elemento que vuelve este caso moralmente imperdonable.
Responsabilidad política: la salud no se delega
En República Dominicana, la salud pública no está huérfana de autoridad política. La vicepresidenta Raquel Peña fue designada como coordinadora del Gabinete de Salud, según información oficial de la Presidencia. Aquí surge una pregunta que el país tiene derecho a hacer, sin insultos pero sin miedo:
¿Qué controles existían?
¿Qué alertas se recibieron?
¿Qué informes llegaron al Gabinete de Salud?
¿Quién supervisaba, y cómo?
Hasta ahora, no existe constancia pública de que la Vicepresidenta haya comparecido formalmente ante el Ministerio Público para ofrecer información institucional sobre este caso. No se trata de acusarla de delitos sino de algo más básico y serio: responsabilidad política por supervisión y omisión.
Comparecer no es admitir culpa. Comparecer es honrar el cargo cuando el sistema bajo tu coordinación falla de forma catastrófica.
El Presidente y la prueba real del “cambio”
El presidente Luis Abinader ha repetido que en su gobierno no hay intocables. Ha anunciado comisiones, auditorías y refuerzos de control. Pero el país ya aprendió una lección dolorosa: las comisiones no condenan; la justicia sí.
Si el Ministerio Público ha advertido que existen más personas físicas y jurídicas bajo investigación, entonces el mensaje presidencial debe ser uno solo y sin matices: que la investigación llegue hasta donde tenga que llegar, sin importar apellidos, cargos o cercanías políticas.
Lo contrario sería administrar el escándalo, no combatir la corrupción.
Los imputados… y los ausentes
Algunos nombres han salido a la luz y enfrentan procesos judiciales. Eso es correcto, pero no suficiente. Los esquemas de corrupción en sistemas complejos como la salud no operan en soledad. Requieren autorizaciones, firmas, pagos, intermediarios, supervisión laxa y silencios convenientes.
La pregunta inevitable: ¿Ya están todos los responsables sentados en el banquillo, o solo los más expuestos?
El propio Ministerio Público ha señalado que la investigación continúa y que podrían producirse nuevos sometimientos.
Responsabilidad jurídica: no basta con indignarse
Este caso exige consecuencias reales:
- Identificación completa de la cadena de decisiones.
- Recuperación del dinero sustraído.
- Condenas proporcionales al daño causado.
- Inhabilitación de funcionarios responsables.
Porque si el mensaje final es que robarle a la salud pública sale barato, entonces el Estado habrá fallado dos veces: primero al permitir el desfalco y luego al tolerar la impunidad.
El pueblo no puede ser el botín
El pueblo dominicano más pobre fue asaltado por quienes debían protegerlo. No por delincuentes comunes, sino por estructuras que operaban desde dentro del sistema.
Este caso no se resuelve con discursos ni con silencios calculados. Se resuelve con verdad, justicia y responsabilidad política.
La vicepresidenta debe comparecer por su rol institucional. El presidente debe garantizar independencia total del Ministerio Público. Y la justicia debe alcanzar a todos, no solo a los que ya están en los titulares.
Porque la salud no es un presupuesto. La salud es vida. Y eso no debe quedar impune.
sp-am
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