La magistrada Altagracia Ramírez, jueza titular del tribunal, informó que el médico legista designado por la corte corroboró el contenido y las recomendaciones emitidas originalmente por el urólogo-oncólogo de cabecera del exlegislador.
«Ha sido corroborado su contenido con las informaciones suministradas por el médico legista designado por el tribunal», declaró la magistrada Ramírez, tras el proceso de verificación de los documentos clínicos, según nota enviada por la oficina de Calderón.
La audiencia de este jueves fue pospuesta debido a la situación de salud del exsenador por la provincia de Azua.
De acuerdo con las declaraciones de su defensa técnica, el exsenador Calderón permaneció varios días ingresado en una unidad de cuidados intensivos tras haber contraído una bacteria, complicación que agravó su cuadro clínico preexistente.
Esta situación de salud motivó la emisión de una licencia médica por un periodo de 30 días, tiempo necesario para su recuperación y estabilización.
Aunque en audiencias previas la magistrada había externado observaciones sobre la extensión del reposo, el peritaje médico legal del INACIF ha ratificado que el imputado no se encuentra en condiciones físicas para comparecer ante el tribunal de manera inmediata.
Calderón está acusado por el Ministerio Público de ser parte de un “holding criminal” dedicado a la expropiación de terrenos y la distracción de fondos públicos durante el gobierno del expresidente Danilo Medina para financiar la campaña política del 2020.
Este caso recibe el nombre de Calamar y tiene como principales imputados al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y a los exministros, administrativo de la Presidencia y Obras Públicas, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, respectivamente.
De manera puntual, el organismo de persecución señala en su expediente acusatorio de 3,662 páginas, que por su cercanía con el exministro de Hacienda, Calderón gestionaba de manera directa la autorización de pago de deuda administrativa por concepto de expropiación de terrenos declarados de utilidad pública, exigiendo a cambio a los legítimos propietarios la entrega de montos que oscilaban entre el 40 % al 70 % de la suma pagada.
Esto, de acuerdo al expediente, en virtud actos de venta de inmuebles y acuerdos transaccionales firmados directamente por Guerrero, “sin ninguna justificación ni fundamento legal, salvo el pago de sobornos”.
Debido a la ausencia justificada de Calderón, agregó su oficina, las audiencias programadas para la pasada semana no pudieron desarrollarse, quedando a la espera de que el imputado cumpla con el período de recuperación establecido por los especialistas.
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